Obligaciones clave para empresas de más de 50 empleados

Desde los planes de Igualdad y LGTBI hasta un canal de denuncias, el marco normativo exige a las compañías un mayor compromiso con la transparencia y la protección de sus plantillas, con sanciones que superan los 200.000 euros.

El entorno regulatorio para las empresas españolas se ha vuelto cada vez más exigente, especialmente para aquellas que superan el umbral de los 50 trabajadores. Durante 2025, estos negocios se enfrentan a un marco normativo que consolida seis obligaciones laborales clave, cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones económicas muy severas. Lejos de ser meros trámites, estas medidas exigen un compromiso real con la igualdad, la transparencia y la creación de entornos de trabajo seguros.

Una de las obligaciones más conocidas es la implementación de un "Plan de Igualdad", mandatorio desde marzo de 2022 para este segmento de empresas. Este plan no es un simple documento, sino que requiere un diagnóstico completo de la situación de género en la empresa, incluyendo una auditoría retributiva para detectar posibles brechas salariales. Vinculado a esto, el **Registro Retributivo**, obligatorio para todas las empresas, debe estar detallado y desglosado por sexo, sirviendo como base para dicha auditoría.

Asimismo, todas las compañías deben contar con un "Protocolo de Acoso Sexual y por Razón de Sexo", un plan específico para prevenir, sensibilizar y actuar ante este tipo de conductas. Las multas por carecer de estos planes de igualdad o protocolos pueden alcanzar los 225.000 euros.

Más recientemente, la normativa ha incorporado la obligatoriedad de un "Canal de Denuncias" interno, en vigor desde finales de 2023. Este sistema, también conocido como canal de "whistleblowing", debe garantizar la confidencialidad de los empleados que informen sobre infracciones o delitos en el seno de la empresa. Las sanciones por no disponer de este canal pueden llegar hasta el millón de euros.

A estas medidas se suma el "Plan LGTBI", derivado de la conocida "Ley Trans". Esta nueva regulación exige a las empresas de más de 50 empleados disponer de un conjunto planificado de medidas y un protocolo de actuación para garantizar la igualdad real y la no discriminación del colectivo LGTBI en el ámbito laboral, con multas que pueden alcanzar los 150.000 euros.

Finalmente, aunque es un derecho reconocido para todos los trabajadores, las empresas de este tamaño deben tener una política interna clara sobre la "Desconexión Digital", que garantice el derecho de los empleados a no atender llamadas o correos fuera de su horario laboral.

Este conjunto de normativas evidencia un cambio de paradigma, donde la responsabilidad social y la ética corporativa dejan de ser una opción para convertirse en un pilar legal y estratégico para la supervivencia y competitividad de las medianas empresas en España.

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